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  • Lima, Perú

Servicios Jurídicos

El servicio jurídico se brinda a través de abogados profesionales, con amplia experiencia en las diversas áreas del Derecho: procesos judiciales civiles, administrativos, comerciales, penales, así como en procesos arbitrales. A través de este servicio se busca que los clientes puedan tener una respuesta adecuada y una atención jurídica responsable, honesta y eficaz de las siguientes especialidades:

Que regula las relaciones entre particulares, personas naturales o jurídicas, así como con el propio estado. Es la más utilizada entre las ramas del derecho ya que comprende las relaciones patrimoniales, personales, de vecindad, de familia, de derecho sucesorio, etc.

Rama del Derecho, que a través de un conjunto de normas jurídicas, definen determinadas conductas como infracciones (delitos o faltas) y dispone la aplicación de sanciones (penas y medidas de seguridad) a quienes los cometen.

El derecho que se aplica a las instituciones políticas es el Derecho Constitucional. Su objetivo es la organización jurídica del Estado. Por tanto, su contenido atiende a la relación entre el Estado y Constituciones, y entre el Estado y los individuos.

La familia es una agrupación humana básica e institución social permanente y natural, conformada por un conjunto de personas unidas íntimamente por vínculos de sangre o por vínculos jurídicos, provenientes de relaciones intersexuales, de filiación y que se sujetan a una conducta y convivencia en un mismo domicilio.

Se relaciona con la  Administración Pública, la organización y las actividades que desarrolla la Administración Pública. Se recurre al Derecho Administrativo para solucionar conflictos (actos administrativos) que en ellas ocurre. De igual modo, es la base legal de la organización y funciones de las entidades que la componen en la Administración Publica, estableciendo además lineamientos en base a los principios del derecho administrativo, para la aplicación de las normas legales administrativas.

Relación jurídica en virtud de la cual una persona en calidad de deudor, tiene el deber de cumplir una prestación con valor patrimonial a favor de otra acreedora, quien tiene a su vez interés tutelable, no necesariamente patrimonial, de obtener del deudor el cumplimiento de la prestación, pudiendo ser esta mediante la ejecución forzada.

Es un proceso en el cual se trata de resolver extrajudicial las diferencias que surjan en las relaciones entre dos o más partes, quienes acuerden la intervención de un tercero (arbitro o tribunal arbitral), para que los resuelva. Su estructura es básicamente la de un litigio. El rol del árbitro es similar al del juez; las partes le presentan el caso, prueban los hechos y sobre esa base decide la controversia. Sin embargo, no obstante sus similitudes, el arbitraje mantiene con el sistema judicial una gran diferencia, la decisión que pone fin al conflicto no emana de los jueces del estado, sino de particulares libremente elegidos por las partes. En este punto debemos recalcar que nuestra experiencia está basada en la calidad de nuestros abogados quienes han afrontado procesos arbitrales ante diversas instituciones arbitrales de nuestro país.

El proceso de ejecución no tiene por finalidad resolver un conflicto, por lo que en su interior no existe debate posicional, ni actuación probatoria, ni expedición de una sentencia, sino por el contrario se inicia con la acreditación de un derecho reconocido o declarado a través de un Título que se encuentre pendiente de cumplimiento.

Podemos indicar que la única entidad pública que se encarga en el tema del transporte terrestre es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, que se rige por sus normas internas que expiden sus Resoluciones Directorales otorgan sus autorizaciones mediante solicitud presentada el por el administrado las que están conformada como personas jurídicas dedicadas al rubro como: Escuelas de Conductores Integrales, Centro de Inspección Técnica Vehicular – CITV, Talleres de Conversiones de Gas Natural Vehicular (GNV), Gas de Licuado de Petróleo (GLP), Certificadoras de GNV y Certificadoras de GLP, así como otorgamiento de autorización a las entidades dedicadas a Asesoramiento de Transporte Terrestre de Mercancía y Residuos Peligrosos, la cual es regulada por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

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